Real Decreto 2099/83, 40 años después

La jornada comenzó con la bienvenida del presidente del Observatorio, Rafael Vidal, que realizó un pequeño recorrido por la historia del Real Decreto, desde aquel 28 de diciembre de 1982 donde el presidente del Gobierno, Felipe González, encargó a una comisión presidida por el embajador Martínez Correcher e integrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa y Casa Real la elaboración de un nuevo decreto de precedencias.

A continuación, se plantearon diversos temas relativos al Real Decreto como punto de partida del debate, donde participaron profesionales de protocolo de diversos ámbitos:

• Ámbito profesional: Ramón Peche Villaverde, presidente de la Asociación Española de Protocolo.
• Ámbito administración general del Estado: Julia Gil Hernández, directora de protocolo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
• Ámbito local: Josep Solà i Parés, jefe de protocolo del Ayuntamiento de Terrasa y presidente de la Asociación Catalana de protocolo y RR.II.
• Ámbito provincial: Virginia Navarro Landa, jefa de protocolo de la Diputación Provincial de Córdoba y presidenta de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba.
• Ámbito autonómico: Javier Carnicer, jefe de protocolo del Gobierno de Aragón.

Sería imposible plasmar en este resumen todas y cada una de las opiniones vertidas. A continuación haremos referencia a las más significativas y las que concitaron un mayor apoyo:

• El Real Decreto es inaplicable en la actualidad. Los pactos entre profesionales, la negociación y la naturaleza de cada acto están generando una nueva forma de actuar. Se aplica por la vía de los hechos lo que no se puede aplicar por la normativa.
• Se demanda una implicación clara de la Jefatura de Protocolo del Estado. Es su responsabilidad corregir la actual situación.
• Es importante, necesario, cambiar la clasificación de los actos. La inmensa mayoría no son oficiales (incluso se considera que los actos oficiales no existen) y sería conveniente tener en cuenta la naturaleza de cada acto.
• Las cesiones y delegaciones deben regularse de forma más precisa: la persona que tiene los deberes debe tener los honores.
• Prevalencia de los cargos de elección.
• Se reivindican con claridad las figuras de anfitrionas/es, organizadoras/es de los actos, entidades patrocinadoras; son las y los verdaderos responsables de los actos y no se les debe usurpar su lugar. El protocolo debe servir para para poner en su sitio a las personas l protagonistas del acto.
• El anfitrión/a debe establece el ceremonial y desarrollo del acto, sin presiones, con total libertad y bajo su criterio.
• De alguna forma, debe regularse la presencia de representantes sociales y económicos. También, la presencia de las y los representantes de la universidad y de las diversas religiones.
• Debe concretarse el tipo de normativa que debe regir el protocolo, en sentido amplio, tanto en su ceremonial como en las precedencias.
• Se hace evidente, por sus 40 años, la falta de un lenguaje inclusivo y de igualdad de género.

En todo caso, la mayoría de los participantes considera que no es preciso modificar el Real Decreto, lo necesario es elaborar una nueva normativa, completamente diferente a la actual que llegado el momento se determinaría el rango.

Desde el Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos se han creado distintos grupos de trabajo, uno de ellos sobre el Real Decreto 2099/83, donde se analizará el texto normativo, se tratará de aportar propuestas de actualización y donde sus conclusiones serán importantes y, esperemos, supongan un punto de partida para un nuevo tiempo.